En 2020, el Gobierno adoptó una serie de medidas concursales y societarias con objeto de paliar en la viabilidad de las empresas. Se promulgó el aplazamiento del deber del deudor de solicitar declaración del concurso cuando se encuentre en estado de insolvencia. Inicialmente esta moratoria concursal se planteó hasta diciembre de 2021; sufriendo posteriormente una serie de prórrogas hasta llegar a la actual, marcada para junio de 2022.

En 2019 se aprobó la Directiva europea 2019/1203 sobre reestructuración e insolvencia; cuya obligatoria transposición se adelantó con objeto de responder a la crisis económica que acarreará graves problemas de solvencia a millones de empresas en Europa. El pasado 14 de enero, se publicó el actual Proyecto de Ley que transpone la directiva europea sobre reestructuración empresarial y tiene por objeto responder a la avalancha de concursos que se desencadenará una vez se concluya la actual moratoria concursal. La entrada en vigor del Proyecto de Ley está prevista en junio de 2022.

Una de las novedades más significativas introducidas por esta Ley en el proceso de reestructuración, es la creación de una figura experta en reestructuración empresarial y de obligada designación en determinados supuestos; que ha de asistir al deudor y a los acreedores durante todo el proceso, facilitando la negociación entre las partes.

Este experto debe poseer conocimientos jurídicos, técnicos y financieros, así como experiencia en materia de reestructuraciones empresariales o bien en administración concursal; a fin de auxiliar a las partes cuando posean menos conocimientos en la materia.